El proyecto está integrado únicamente por administraciones públicas y tiene un carácter exclusivo de interés general
El Consorcio Aletas considera necesario insistir en que las tareas de limpieza, restauración y recuperación ambiental que van a iniciarse en los próximos días se realizan en una superficie de 120 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre, ajenas a la zona de reserva, que no se ve afectada por la sentencia del Tribunal Supremo, y en la que se realizarán trabajos estricta y exclusivamente vinculados a su recuperación medioambiental.
Además, el proyecto, especialmente en esta primera fase de recuperación, restauración y limpieza de la zona dedicada a Área Medioambiental, se está realizando bajo las directrices del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y según los criterios previstos en el convenio con la Universidad de Cádiz.
El consejo rector del Consorcio Aletas quiere recordar que en su reunión del pasado viernes acordó también iniciar el trámite para crear una nueva propuesta de reserva que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación. A lo largo de ese trámite, el Consorcio desea que se puedan alcanzar acuerdos que mejoren el proyecto, especialmente en su vertiente medioambiental.
En ese periodo, además, el Consorcio Aletas seguirá dando a conocer todos los nuevos detalles del proyecto, ante los que, por supuesto, cualquier interesado podrá presentar sus alegaciones.
En cualquier caso, el Consorcio Aletas está integrado por la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y el ayuntamiento de Puerto Real, todas ellas administraciones públicas que pretenden impulsar el proyecto en la zona con un único carácter de interés general, por lo que no tienen cabida las referencias a supuestos fines especulativos, especialmente ajenos a un plan que se basa en concesiones a los proyectos de desarrollo empresarial que quieran instalarse en el futuro parque, manteniéndose en todo caso la titularidad pública de los suelos sometidos al régimen de dominio público marítimo-terrestre.